El sistema existente fue diseñado para que la vivienda «atara» al habitante a su ciudad: la hipoteca de cuarenta años, el coste de mudarte (pago de impuestos, gastos de traslado, etc.), los avales y las fuertes penalizaciones que se establecen en los contratos de alquiler de largo plazo, etcétera. En la sociedad actual, sin embargo, la demanda espera mucha mayor agilidad y versatilidad. Los habitantes quieren ser más libres. Buscan poder estar de alquiler pocos meses sin penalizaciones ni avales o cambiarse con facilidad si cambian su trabajo, sus gustos o sus amistades. Y eso es algo que los propietarios pueden aceptar, siempre y cuando la ley los proteja de problemas como la «okupación» y no dificulte los desahucios justificados.

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